Por un país con tecnologías propias

Artículo publicado en la separata del Aula Libre en Página Siete, el sábado 23 de abril de 2011.

La tecnología intermedia cada vez más las relaciones humanas y se posiciona como un factor de cambio social y desarrollo desde el ámbito local hasta el contexto global. De hecho, la historia del ser humano está directamente relacionada con el desarrollo de herramientas, técnicas y tecnologías incidiendo en la transformación de su relación con la naturaleza y con los otros seres humanos.

En tiempos contemporáneos, sin embargo, se suele caer en un determinismo tecnológico simplista y su vez justificante del subdesarrollo. Por un lado, es evidente que las tecnologías están siendo principalmente desarrolladas en el ‘Norte’ y comercializadas a escala global, siendo los países en vías de desarrollo meros consumidores a altos costos. Por otro lado, es también evidente que el Estado y los agentes de promoción de la innovación en ciencia y tecnología (gobierno, universidades y empresas, sobre todo) han hecho poco por invertir decididamente en el desarrollo, acceso y uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) propias que contribuyan sustantivamente al conocimiento y a la colaboración entre sujetos de desarrollo.

¿Usted se preguntará a qué me refiero con tecnologías propias? Pues fundamentalmente a la capacidad material, intelectual y digital de expresar conocimiento en herramientas aplicadas al desarrollo, la reafirmación de identidades y culturas, la ruptura de dependencias y monopolios de grandes empresas transnacionales como Microsoft, la capacidad de instalar accesos y recursos de comunicación de manera igualitaria, abierta y sin patentes sobre la acumulación de saberes que le pertenecen a toda la humanidad, postulados que proponen desarrolladores y usuarios GNU/Linux.

Bolivia está en su enésimo proyecto de construcción de Estado. El discurso simbólico del ‘cambio’ que cautivó a las masas organizadas, los pueblos indígenas, los sectores populares y progresistas del país se enfrenta al reto de operativizar un marco jurídico que se relativiza en lo meramente enunciativo.

El ciudadano/consumidor de tecnologías puede y debe tener la posibilidad de elección. Sin embargo, el Estado debe garantizar la adopción de políticas públicas claras y decididas de promoción, desarrollo y uso de tecnologías propias en procura de una genuina descolonización del acceso y uso de la información y las comunicaciones, y que aboguen además por servicios en  telecomunicaciones que cumplan los criterios de ser 

técnicamente eficientes, económicamente sostenibles, y socialmente justas.