Software libre, un imperativo para las políticas públicas

Foto: Massimo Barbieri (CC BY-SA 2.0)

Casi 9 de cada 10 internautas usa algun sistema desarrollado en Software Libre aunque muchos no son plenamente conscientes de ello. El Software Libre ofrece soluciones eficientes a la industria del software y las telecomunicaciones, garantiza la libertad, la seguridad, la innovación y la colaboración, genera empleos y es el paso decisivo hacia la independencia tecnológica.

Entonces, ¿por qué los gobiernos latinoamericanos no adoptan [decididamente] el Software Libre?

Varios gobiernos de América Latina, en diferentes intensidades y grados de eficacia, ya han dado pasos normativos y  operativos en la adopción del Software libre, como en el caso de Bolivia y el artículo 77 en la Ley de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el debate no se ha posicionado en la opinión pública y la normativa aún no se traduce en políticas públicas efectivas. Adoptar software libre es una transformación cultural en la relación entre el estado, el mercado y la sociedad. Una transformación colaborativa, de beneficio social y económico para nuestros países, pero también un cambio en las formas de producción de conocimiento y consumo de tecnología, factores decisivos en el siglo XXI.

En países como Alemania, Brasil, el Reino Unido, Francia y Venezuela ya se han dado pasos importantes a nivel local y nacional en la adopción de software libre, a pesar de que aún se sigue gastando en software privativo.

La implementación de las políticas públicas en cumplimiento de las normas y traducción de los discursos en planes y programas locales, regionales y nacionales es el paso siguiente y necesario.

Para ello se debe comprender que el software privativo, como todos los productos de Microsoft, representa un costo económico, moral y social. El software libre no es gratuito. La diferencia respecto al privativo es que no se paga por software libre, sino que se invierte (véase el vídeo Software Libre vs Software privativo más abajo)

El desarrollo, soporte, migración, compatibilidad, mejora, distribución y réplica de software libre implica inversión. Ese monto tiene dos impactos diametralmente diferentes a pagar por una licencia privativa desarrollada generalmente por una corporación transnacional como Microsoft. 

En primer lugar se invierte, no se gasta, en el desarrollo de software para resolver los problemas y necesidades específicos del país, región o municipio. Esa inversión se multiplica no sólo generando empleo, conocimiento propio e industria del software, sino que el resultado puede ser también copiado y replicado en otros niveles del estado, sin mayores costos para el país y en beneficio de todos.

En segundo lugar se invierte en recursos humanos innovadores y conectados a los principios de la participación y la transparencia, fomentando así un nuevo paradigma colaborativo de la gestión pública, el desarrollo empresarial y la educación, las tres áreas de mayor impacto del software libre.

En algunos espacios se argumenta que la migración de productos privativos genera rechazo en los usuarios, algo que directamente se ve desafiado por la estabilidad, seguridad y calidad de los productos de software libre.

Al apostar por el desarrollo de software libre, o de código abierto, que es aquel que se puede ver, estudiar y mejorar su arquitectura y composición, se puede lograr al menos tres resultados en la gestión pública:

• Se optimiza recursos públicos invirtiendo y no gastando.
• Se reducen costos (hay muchos ejemplos que constatan que en esta materia desarrollar lo propio cuesta menos que comprar lo ajeno) mientras el dinero público genera empleo y conocimiento propio.
• Se supera la fase retórica de la soberanía. Con el Software libre podemos desarrollar tecnología para la seguridad, el desarrollo, la igualdad, mejores programas educativos, iniciativas de salud, etc., sin dependencia alguna.
• Se genera bienes públicos (en este caso intangible) que además permite ser mejorado y readaptado en el tiempo, más allá de un periodo o gestión política.
• Es auditable ya que puede ser estudiado, corregido y mejorado.
• Se promueve la rendición de cuentas, la transparencia de gestión y el uso abierto de la información pública, principios fundamentales para nuestras democracias.