La educación en Bolivia sigue siendo un asunto de privilegios. Mientras nada indica que los colegios o universidades puedan volver a las aulas presenciales por el avance de la pandemia, el conflicto levantado en las calles por sindicatos, padres de familia y maestros aviva un debate estructural a las brechas y condiciones irresueltas en el país.
Aunque sabemos es parte de la falla estructural, debemos partir entendiendo y asumiendo que la educación es un derecho y es responsabilidad del Estado, que debería otorgar una educación de calidad, libre y gratuita a todas las personas en el país.
La prolongada cuarentena nos revela desigualdades estructurales que restringen, o niegan, el derecho a la educación. Condiciones heredadas de décadas -¿ya un par de siglos?-, pero también de fallas sistémicas no resueltas en el periodo de mayor bonanza económica que tuvo el país entre 2008 y 2018.
