La educación en Bolivia sigue siendo un asunto de privilegios. Mientras nada indica que los colegios o universidades puedan volver a las aulas presenciales por el avance de la pandemia, el conflicto levantado en las calles por sindicatos, padres de familia y maestros aviva un debate estructural a las brechas y condiciones irresueltas en el país.
Aunque sabemos es parte de la falla estructural, debemos partir entendiendo y asumiendo que la educación es un derecho y es responsabilidad del Estado, que debería otorgar una educación de calidad, libre y gratuita a todas las personas en el país.
La prolongada cuarentena nos revela desigualdades estructurales que restringen, o niegan, el derecho a la educación. Condiciones heredadas de décadas -¿ya un par de siglos?-, pero también de fallas sistémicas no resueltas en el periodo de mayor bonanza económica que tuvo el país entre 2008 y 2018.
Algunos datos
Bolivia invierte cerca al 16% de su presupuesto público en educación, lo que significa algo más del 7% del PIB, en proporción similar a Costa Rica o casi el doble que Uruguay, si nos comparamos con los "top". Sin embargo, ya en términos más concretos, el país invierte en educación 180 dólares per cápita, mientras que Uruguay 750 dólares y Costa Rica 725 dólares.
Ahora, en una comparación más realista "entre iguales", Guatemala invierte más del 20% de su presupuesto en educación, mientras que eso significa 3% de su PIB (menos de la mitad del nuestro), que se expresa en 120 dólares per cápita.
La educación primaria y secundaria en Bolivia es fundamentalmente pública y de convenio. De acuerdo con datos del INE, 1 de cada 10 estudiantes de primaria/secundaria se matricula en colegio privado, 1 de cada 10 en colegio de convenio y 8 de cada 10 en colegios públicos. Desde el 2015, los datos del INE se agregan "de convenio y público" lo cual impide un análisis más preciso.
¿Qué nos dicen estos datos?
El esfuerzo presupuestario de Bolivia y Guatemala es mayor que el de Uruguay y Costa Rica, pero son economías más pobres. Guatemala tiene un presupuesto estatal mucho menor al boliviano en relación a su PIB y por ello ese gasto es menor, se concluiría, es un país con menos interés en la educación (y se nota).
Ahora, el problema del que nos revela el dato es que gasto per cápita, el dinero disponible por cada habitante para educación pública y gratuita, en el presupuesto boliviano es insuficiente para llegar a una educación de calidad.
El país hace un esfuerzo proporcional superior al de Finlandia (la estrella global en educación pública y de calidad), pero que se traduce en 12 veces menos de recursos en efectivo por habitante que ese país (en salarios de maestros, materiales, tecnología, infraestructura, etc.).
La educación en tiempos de pandemia
Al menos 8 de cada 10 estudiantes y sus familias está inmerso en este dilema: no habrá aulas presenciales el resto del año -y veremos el próximo-, no hay condiciones económicas ni tecnológicas ni en el hogar ni en el sistema público para implementar la educación virtual y los sindicatos están usando esta condición estructural para arrinconar al Gobierno transitorio y en crisis.
Entretanto, en el conflicto mediatizado por las pensiones escolares -de una minoría, como demuestran los datos-, se discutía una relación transaccional de horas o servicios versus un el monto pagado. Es decir, una lógica más o menos así: "pago 6 horas de clases presenciales y recibo 3 horas virtuales, exijo pagar la mitad".
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| Crédito: Unicef Bolivia |
Las salidas no son sencillas. La educación privada mantiene una ventaja y la amplía respecto de la educación pública, porque los hogares de ese 10% tiene mejores condiciones económicas, tecnológicas y de formación heredadas de anteriores generaciones para mitigar las dificultades por la pandemia.
La movilización de sindicatos, maestros y padres -a la que se añadieron acólitos políticos que buscan una ventaja electoral en el conflicto- tiene un fundamento sólido: el Estado tiene la obligación de atender el derecho a una educación pública y gratuita -añadiría para la libertad, aunque es otro asunto. Sin embargo, sabemos que un esfuerzo fiscal y material mayor para dotar de tecnología y medios a cada maestro y cada estudiante en esta coyuntura de pandemia, recesión económica y transición política es inviable.
Las alternativas -paliativas y parciales, sin duda- están en los medios masivos que sí pueden llegar a los hogares de estudiantes de la educación pública, en llegar a acuerdos por condiciones territoriales según municipios, en adecuar contenidos con la voluntad y real compromiso de los sindicatos de maestros a usos tecnológicos frecuentes -como WhatsApp y Facebook- y redireccionar fondos para la genuina y rápida adopción de tecnologías libres para la educación.
El cambio tecnológico en la educación y la mirada amplia del conocimiento no pueden seguir siendo una cuestión transaccional en el mercado educativo y una condición de desplazamiento para la gran mayoría. Sin duda y sin excusas la tarea del cambio del paradigma educativo, de financiación pública y de cumplimiento del derecho son cuestiones estructurales que deberían atenderse en el siguiente Gobierno, lejos de la bonanza y despilfarro del anterior.
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