Artículo publicado en la separata del Aula Libre en Página Siete, el sábado 23 de abril de 2011.
La tecnología intermedia cada vez más las relaciones humanas y se posiciona como un factor de cambio social y desarrollo desde el ámbito local hasta el contexto global. De hecho, la historia del ser humano está directamente relacionada con el desarrollo de herramientas, técnicas y tecnologías incidiendo en la transformación de su relación con la naturaleza y con los otros seres humanos.
En tiempos contemporáneos, sin embargo, se suele caer en un determinismo tecnológico simplista y su vez justificante del subdesarrollo. Por un lado, es evidente que las tecnologías están siendo principalmente desarrolladas en el ‘Norte’ y comercializadas a escala global, siendo los países en vías de desarrollo meros consumidores a altos costos. Por otro lado, es también evidente que el Estado y los agentes de promoción de la innovación en ciencia y tecnología (gobierno, universidades y empresas, sobre todo) han hecho poco por invertir decididamente en el desarrollo, acceso y uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) propias que contribuyan sustantivamente al conocimiento y a la colaboración entre sujetos de desarrollo.
¿Usted se preguntará a qué me refiero con tecnologías propias? Pues fundamentalmente a la capacidad material, intelectual y digital de expresar conocimiento en herramientas aplicadas al desarrollo, la reafirmación de identidades y culturas, la ruptura de dependencias y monopolios de grandes empresas transnacionales como Microsoft, la capacidad de instalar accesos y recursos de comunicación de manera igualitaria, abierta y sin patentes sobre la acumulación de saberes que le pertenecen a toda la humanidad, postulados que proponen desarrolladores y usuarios GNU/Linux.
Bolivia está en su enésimo proyecto de construcción de Estado. El discurso simbólico del ‘cambio’ que cautivó a las masas organizadas, los pueblos indígenas, los sectores populares y progresistas del país se enfrenta al reto de operativizar un marco jurídico que se relativiza en lo meramente enunciativo.
El ciudadano/consumidor de tecnologías puede y debe tener la posibilidad de elección. Sin embargo, el Estado debe garantizar la adopción de políticas públicas claras y decididas de promoción, desarrollo y uso de tecnologías propias en procura de una genuina descolonización del acceso y uso de la información y las comunicaciones, y que aboguen además por servicios en telecomunicaciones que cumplan los criterios de ser
técnicamente eficientes, económicamente sostenibles, y socialmente justas.
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