El periodismo y la libertad de información, condiciones frente al proceso de elección de Magistrados

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Artículo publicado en la separata del Aula Libre en Página Siete, el sábado 25 de junio de 2011.

La semana pasada abordé en este mismo espacio algunas nociones iniciales, conceptuales, categoriales y operativas, para el debate sobre ‘la libertad’. Proponía que se parta del contexto de las interrelaciones sociales, “donde unos dejan a otros actuar de una determinada forma. Determinada porque habrá un límite dado por la no-libertad, es decir la restricción a la acción libre y por tanto la posibilidad de la punibilidad”.

Por qué debatir un tema tan cerril, se preguntará usted. Sucede que las restricciones o libertades de información en el venidero proceso de elección de Magistrados no están claras, a pesar de la normativa, justamente porque el proceso de interrelación social demandará y actuará, presumo, en la contradicción ejercicio de la libertad de expresión (como paraguas macro de la libertad de información) – capacidades políticas y ejercicio del poder para la no-libertad.

En ese orden, quienes aparecen en primera fila de combate son las y los periodistas.

Revisando la literatura a mi alcance, recurrí al texto de John Street, “Mass Media, Politics and Democracy” (Mass Media, política y democracia) con especial atención en el capítulo 7, “Watchdogs or Lapdogs? The polítics of Journalism” (¿Perros guardianes o perros falderos? La política del periodismo). Street desarrolla principalmente dos preguntas, ¿los periodistas practican su profesión como agentes autónomos? Y ¿son servidores independientes de la verdad política y del interés público?

La respuesta a priori puede ser muy simple y directa. Todos sabemos que los medios masivos tienen intereses políticos y también comerciales y que los periodistas son trabajadores dispuestos a mantener su puesto de trabajo. Este criterio, sin embargo, no satisface las cuestiones de fondo del derecho a la información o el ejercicio del poder, sobre todo en Bolivia donde la información deambula en un abordaje liberal y de mercado, pero también condicionado a factores culturales-civilizatorios tensionados políticamente.

Por ello se deben considerar otros factores, a saber, el ciclo y contenido de la noticia (por supuesto, sus medios de verificación), los recursos tecnológicos que intervienen sobre todo a partir del grado de interacción con la sociedad civil (nuevamente, la capacidad de verificación), la mediatización y la necesidad de comunicar en política, el aparato ideológico/discursivo montado desde el gobierno, y dentro de los últimos dos factores, el asesor/político que reconduce la información (conocido en inglés como Spin doctor).

Por lo tanto, en este venidero contexto restrictivo, la capacidad del ejercicio periodístico en el marco del principio democrático a la libertad de información es más compleja que la simple fórmula de ‘permitido o no permitido’. La asimetría del proceso no está dada por el orden normativo sino por la no-libertad de información en tanto medida política que ante todo impacta en sectores de la sociedad civil demandantes de información para la decisión, pero afectando a todo el resto, lo que conduce a la deslegitimación del proceso en sí.